Desde mucho antes de los tiempos del Papa Borgia, a todos les ha quedado claro que la Iglesia Católica es una institución predominantemente política. La caridad, el ascetismo y la contemplación han sido más bien función de monjes cistercienses y de conventos mendicantes. La Iglesia Católica en el Perú no paga IGV, sus miembros reciben sueldos no tributables de parte del Estado y posee una cantidad innumerable de inmuebles que alquilan a la empresa privada y al mejor postor, a veces en detrimento de entidades religiosas, como es el caso del Eau-de-Vie. Pero Cipriani no tiene por qué ser el próximo Toribio de Mogrovejo, él es una figura política: su fin, el bienestar de su iglesia (más plata, más poder, los líos por la Universidad Católica son un buen ejemplo), su medio, formar alianzas con candidatos al gobierno para garantizar y eternizar sus privilegios a cambio de votos. Suena a maquiavelismo pero no tiene por qué ser de otra forma.

No creo que la pobreza en el Perú se vaya a terminar, ni mucho menos, porque Cipriani remate sus ropas doradas, cambie el vino por vinagre y venda las muy numerosas propiedades de la iglesia en el Perú. Si nadie en este país hace absolutamente nada por los pobres, por qué Cipriani tendría que hacer semejante disparate, cuyo resultado tornaría casi imposible la continuación del rito y obligaría al cierre de la franquicia católica en el Perú. Pero esto no significa que todo tenga que ser de oro, ni que el vino de misa tenga que ser valenciano, ni que el estado pague sueldos no tributables al personal eclesiástico (una más de Fujimori), este país no es el Yemen. Si los judíos, musulmanes, mormones y demás, pagan sus impuestos, la iglesia debería hacer lo propio. Aunque Cipriani necesite un valium y algunas horas de terapia cada vez que el tema se pone sobre la mesa: este país tiene que ser laico, de jure y de facto.

Como en tantas democracias desarrolladas (Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Suiza) el ciudadano elige qué hacer con sus impuestos y el Estado no toma decisiones por él. Los ciudadanos auto-declarados como católicos, musulmanes o judíos, son obligados a pagar un impuesto confesional que en promedio alcanza el 1.4% de sus ingresos. El sistema no es perfecto pero es claramente más lógico, quien dice pertenecer a una confesión tiene que apoyarla económicamente o, si no, como en algunos cantones suizos, será separado de la iglesia.

Aplicado al Perú, la Iglesia Católica debería ser apoyada por los católicos de verdad, conocedores profundos de su fe, participantes activos del progreso de su iglesia y dispuestos a colaborar en la supervivencia de su creencias, como muchas otras religiones en el mundo lo hacen cada día. Pero principalmente deberían colaborar todos los hipócritas del país, aquellos que no ponen ni de casualidad un pie en la iglesia y conocen mejor la biografía de Florcita que la de quien aseguran venerar. Son conocidos, son los que bautizan a sus hijos (por la suegra, por el colegio, por los duendes o por cucufatería) como si se tratara de llevarlos al peluquero o al doctor o esos que se casan por la iglesia (por la suegra, por el colegio, por los duendes o por cucufatería), sin tener una idea clara de lo que el padre les hace repetir, con el solo afán de poder presumir de un lindo álbum de fotos.

Católicos legítimos y los de conveniencia, tendrían que pagar su mensualidad (1.4% de su sueldo) y eso sí, así como en cualquier club, si no pagas, te expulsan (excomunión). Son ellos en quienes Cipriani debería poner desde ya su mira, porque tarde o temprano, le guste o no, con valium o sin él, la mecedora se va a acabar.

La pregunta es irresistible en un país que es potencia mundial en exigir derechos (el eterno: “el gobierno debería...”) pero sólo comparable a las utopías piratas (pirate haven) cuando se trata de deberes: después de instaurado un sistema como el suizo, ¿cuántos católicos quedarán en el Perú?

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